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El Tribunal de Cuentas insiste en cambiar la ley de financiación de partidos

Con la normativa actual, las pequeñas agrupaciones locales se ven perjudicadas por los estrechos límites de gasto

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photo_camera El Tribunal de Cuentas pide cambiar la ley de financiación de partidos.

El Pleno del Tribunal de Cuentas acordó, el pasado 27 de enero, solicitar a las Cortes Generales una modificación de la ley orgánica sobre financiación de partidos políticos. Es la segunda vez que se dirige a las Cortes para impulsar este cambio.

La petición del Tribunal coincide con las iniciativas llevadas a cabo por la Federación Navarra de Municipios y Concejos a lo largo de la pasada legislatura para incrementar el límite de gasto de campaña que se permite a las agrupaciones y los pequeños partidos locales, de 0,11 euros por habitante, y para rebajar las sanciones que, en el caso de estas agrupaciones, puede suponer multas de 50.000 euros por un exceso de gasto de unas decenas de euros.

El Acuerdo del órgano fiscalizador ha sido adoptado tras la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores resultantes del Informe de fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales de 26 de mayo de 2019 -aprobado por el Pleno de esta Institución en su sesión de 25 de febrero de 2021- y que han dado lugar a la imposición de sanciones de muy elevada cuantía, en las que se pone de manifiesto una falta de proporcionalidad entre el importe de la infracción cometida y la sanción finalmente impuesta en aplicación del régimen sancionador vigente.

La legislación actual establece umbrales mínimos para las cuantías de las multas a imponer por las infracciones muy graves, graves y leves, que ascienden a 50.000, 25.000 y 5.000 euros, respectivamente. La desproporción que genera la aplicación de estos mínimos resulta especialmente grave en el caso de pequeñas formaciones políticas, generalmente de ámbito local, para las que el límite máximo de gastos electorales establecido en la normativa es muy reducido e impide acometer una campaña electoral con garantías suficientes.