- La petición para proteger a los alumnos del sol y la lluvia
- Resolución del Defensor del Pueblo y el valor educativo de los patios
- Inversiones previas y estancamiento en el proyecto
- Plazos y posibles consecuencias para el Ayuntamiento
La responsabilidad de dotar de una cubierta al patio del Colegio Público Huertas Mayores de Tudela recae en el Ayuntamiento. Así lo ha determinado el Defensor del Pueblo de Navarra en una resolución emitida tras recibir una queja presentada por la madre de un alumno del centro y analizar los informes remitidos tanto por el Consistorio como por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
La petición para proteger a los alumnos del sol y la lluvia
La denunciante exponía la necesidad de cubrir el patio "para proteger al alumnado del sol, la lluvia y el frío", de manera que se puedan realizar actividades al aire libre durante todo el año y se reduzcan las altas temperaturas que se registran en el interior del edificio durante varios meses. La petición contaba también con el respaldo de la dirección y del consejo escolar del centro y había sido objeto de debate en el Parlamento de Navarra.
El Ayuntamiento de Tudela sostenía que la competencia para acometer esta obra correspondía al Gobierno de Navarra, ya que su responsabilidad se limitaba al mantenimiento y conservación del edificio. Sin embargo, el Departamento de Educación indicó que, según el Real Decreto 132/2010, los centros deben contar con un patio parcialmente cubierto, un requisito que el colegio Huertas Mayores ya cumple. Por tanto, cualquier mejora que exceda esta normativa, como la construcción de una nueva cubierta, corresponde a la administración titular del inmueble, en este caso el Ayuntamiento, aunque pueda ser objeto de subvenciones.
Resolución del Defensor del Pueblo y el valor educativo de los patios
Tras analizar la normativa y los argumentos de ambas administraciones, el Defensor del Pueblo coincide con el criterio del Departamento de Educación. En su resolución, subraya que "la cubierta supondría una mejora de las instalaciones que va más allá de las necesidades básicas para prestar el servicio educativo", por lo que corresponde al Ayuntamiento de Tudela asumir su ejecución, si considera que responde al interés general.
El Defensor del Pueblo también recuerda la importancia de los patios escolares como espacios clave para el desarrollo integral del alumnado, fomentando la socialización, la actividad física y la concienciación ambiental. Por ello, insiste en que "deben ser accesibles, seguros, funcionales y adaptados a las necesidades educativas y climáticas", especialmente en una comunidad como Navarra, donde se dan con frecuencia condiciones meteorológicas adversas.
En la resolución se recoge además la preocupación de la dirección del centro por la exposición prolongada al sol y las altas temperaturas, que superan los 30 grados durante más de 50 días al año tanto en el patio como en las aulas, lo que ha provocado mareos y golpes de calor entre el alumnado.
Inversiones previas y estancamiento en el proyecto
Cabe destacar que el Gobierno de Navarra destinó dos subvenciones de 20.000 euros cada una, una para instalar una cubierta textil en el parque infantil y otra para financiar la redacción del proyecto técnico para la construcción de una cubierta en el patio del colegio.
Según dicho proyecto, la construcción de la cubierta tendría un coste estimado cercano a los 280.000 euros, sin incluir los gastos de mano de obra.
A pesar de estos avances iniciales, la ejecución de la obra no ha progresado. El Ayuntamiento remitió el proyecto al Departamento de Educación, esperando que esta administración asumiera la realización de las obras. No obstante, el Ejecutivo ha rechazado en varias ocasiones esta atribución de competencias, reafirmando que la responsabilidad recae en el Consistorio.
Plazos y posibles consecuencias para el Ayuntamiento
El Defensor del Pueblo ha sugerido formalmente al Ayuntamiento de Tudela que acometa las obras necesarias para cubrir el patio del colegio.
El Consistorio dispone ahora de un plazo máximo de dos meses para informar a la institución foral si acepta la resolución y, en su caso, qué medidas adoptará para cumplirla. Si no se muestra favorable, el caso podrá ser incluido en el informe anual de 2025 que se presenta al Parlamento de Navarra, con mención expresa de la administración que no haya atendido la sugerencia.
