El senador de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, ha preguntado al Gobierno central qué opina sobre la presencia de personas condenadas por pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA en las listas de EH Bildu a las próximas elecciones municipales y forales.
En su escrito de interpelación el senador regionalista explica que el que el colectivo de víctimas del terrorismo ha denunciado que 44 integrantes de las listas de EH Bildu a las elecciones municipales y forales del día 28 de mayo fueron condenados por pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA. De ellos, siete lo fueron por ser autores o cómplices de asesinato.
Además, incide en cómo hasta no hace mucho tiempo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “ha venido haciendo declaraciones públicas, ante los medios de comunicación y en sede parlamentaria, en las que manifestaba que `cualquier recibimiento, cualquier homenaje a un condenado por hechos terroristas, sea de ETA o de cualquier otra organización, es una afrenta al sentimiento de las víctimas, a su dignidad y al sentido necesario de convivencia pacífica y democrática´”. Y recuerda, asimismo, que Marlaska “también se comprometió en el Senado, ante una serie de iniciativas de UPN, a modificar la Ley de Víctimas del Terrorismo para establecer sanciones ante los homenajes y recibimientos que se vienen realizando a presos de la banda terrorista ETA. Compromiso que nunca cumplió”.
“El Gobierno no puede permanecer callado o mirar para otro lado ante el comportamiento de una formación política que supone una ofensa hacia las víctimas del terrorismo y la sociedad española. Desgraciadamente, las víctimas no solo tienen que padecer la pérdida de un ser querido, asesinado o mutilado, sino además, que los verdugos y los asesinos sean homenajeados o se incorporen a candidaturas electorales para formar parte de las instituciones contra las que atentaron, lo que supone un respaldo a la barbarie asesina que protagonizaron”, ha lamentado el senador de UPN.
Por último, Catalán ha dicho que “el blanqueamiento de ETA y de sus herederos políticos, que todavía no se han arrepentido de manera sincera, no han pedido perdón y no han colaborado en el esclarecimiento de cientos de asesinatos sin aclarar, precisa de un posicionamiento claro por parte del Gobierno. El comportamiento ético y moral en democracia, y por respeto a las víctimas, también exige que el Ejecutivo no permanezca callado, guardando un silencio que podría calificarse de cómplice”.
