El senador de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, ha registrado en el Senado un veto a la Ley de vivienda denunciando que, con esta norma, “el Gobierno de Sánchez invade competencias que en materia de vivienda que son exclusivas de Navarra, y lo hace por puro interés partidista y electoral de la mano de ERC y EH Bildu”.
Para Catalán, el Ejecutivo foral “hace un uso espurio del acceso a la vivienda de cara a las elecciones del 28 de mayo. Durante cinco años ha evidenciado su inacción y desidia en relación con la vivienda, y ahora, asumiendo competencias que no le corresponden, lanza un proyecto de ley basado en el intervencionismo y la demagogia”.
“Las cifras lanzadas por Sánchez respecto a la construcción y promoción de viviendas de alquiler asequible son una tomadura de pelo, más aún cuando se ha demostrado sobradamente que el presidente del Gobierno no tiene ninguna credibilidad por todas las promesas anunciadas y nunca cumplidas. La máxima de este Gobierno y de sus socios es mantenerse en el poder a cualquier precio”, ha criticado.
En su escrito, el senador regionalista mantiene que el Gobierno “desprecia la legalidad y las competencias en materia de vivienda que son exclusivas de Navarra, tal y como recogen tanto el artículo 148 de la Constitución Española como el artículo 44 del Amejoramiento del Fuero y también el informe del Consejo General del Poder Judicial, que en su evaluación del texto del anteproyecto de ley da un varapalo al Ejecutivo, del que dice se inmiscuye en las competencias que en materia de vivienda tienen las Comunidades Autónomas”.
Catalán también recuerda que, “desde hace décadas, Navarra, como el resto de las Comunidades Autónomas, ha venido aprobando normativa en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, y ahora el Gobierno de Sánchez, con el apoyo de los partidos más radicales del independentismo vasco y catalán, pretende atacar nuestras competencias y nuestro autogobierno”.
Asimismo, ha calificado de “pretencioso” el texto de la norma, que “no solucionará nada, será un auténtico fracaso y generará mayor inseguridad jurídica con medidas intrusivas y basadas en un intervencionismo que allí donde se ha establecido ha evidenciado su fracaso”.
Ocupación y desprotección del propietario
Por otra parte, el senador regionalista ha denunciado que “es desgarrador comprobar la falta de sonrojo de una norma que ampara la ocupación de viviendas en lugar de proteger al propietario que actúa cumpliendo la legalidad”.
“Es más –ha añadido–, no solo se protege al ocupa, sino que se incrementan las medidas que dificultan su salida del piso usurpado. El Gobierno es incapaz de establecer medidas eficaces para combatir la ocupación ideológica y antisistema y, además, hace dejación de sus responsabilidades en casos de familias vulnerables, en los que los servicios sociales de las administraciones públicas debieran actuar y no lo hacen”.
“Además, con este proyecto de ley no solo no se ampara y defiende el derecho constitucional a la propiedad privada, recogido en el artículo 33 de la Constitución, sino que se hace recaer sobre el propietario los impagos y costes de su vivienda, aunque no siga disfrutando de ella por tenerla ocupada”, ha concluido.
