Unión del Pueblo Navarro (UPN) llevará al Parlamento foral una iniciativa para disolver Nafarbide, la sociedad pública creada por el Gobierno de Navarra para gestionar la conservación y mantenimiento de la red de carreteras. La presidenta regionalista, Cristina Ibarrola, denunció en declaraciones a Radio Tudela que la sociedad “se inventa el Gobierno de Chivite” y que su creación ya contaba con informes contrarios de Intervención y de la Administración pública.
“Nafarbide es una sociedad pública que se inventa el Gobierno de Chivite, que ya tiene informes en contra de Intervención, informes en contra de la Administración pública, diciendo que no tenía ningún sentido”, señaló Ibarrola. Según recordó, esta sociedad “tiene un gerente, Federico Colmenar, que fue concejal de Pamplona, socialista, militante socialista, que lleva un año sin empezar a trabajar ganando 100.000 euros al año, solo por estar al frente de una sociedad pública que los informes jurídicos han dicho que no hacía ninguna falta”.
La líder de UPN advirtió de que Nafarbide se utilizará para gestionar 2.600 millones de euros en carreteras y que “pretende quitar controles de intervención previos a las adjudicaciones”. En este sentido, Ibarrola afirmó que “con la sombra que tenemos de presunta corrupción por adjudicaciones de obra pública por dirigentes socialistas, en este momento lo que hay que hacer es poner controles que garanticen que esta corrupción no puede llevarse a cabo, no justo sacar una sociedad pública que haga que sea más fácil que haya más casos de corrupción”.
En opinión de UPN, “no toca quitar controles, toca garantizar que todo se hace de forma correcta”, subrayó Ibarrola.
La formación regionalista considera que el hecho de que la sociedad apenas haya tenido actividad durante un año y que su gerente perciba un salario público mientras tanto, justifica su disolución inmediata. Además, recuerdan que la Cámara de Comptos alertó en su último informe de que desplazar la gestión de miles de millones de euros a un ente instrumental supone rebajar los controles y aumentar el riesgo de irregularidades.
UPN insistió en que “es de la máxima urgencia disolver esta sociedad antes de que comience a realizar adjudicaciones millonarias de obra pública sin los mecanismos de control previos a los que debe sujetarse”.
