La Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes Huertas Mayores y Campos Unidos de Tudela, que desde enero cuenta con un nuevo secretario, presentó una querella en los juzgados de la capital ribera contra el anterior secretario de la entidad que estuvo en el cargo durante casi tres décadas.
Le acusan de no haber cotizado a la Seguridad Social durante 13 años y de cobrar su salario sacando dinero en metálico de la cuenta de la Comunidad de Regantes sin que tuviera autorización para hacerlo. Tras los cálculos realizados por los expertos que han elaborado la denuncia, se estima que habría retirado más de 245.000 euros sin ninguna razón de las arcas de la entidad.
Según han apuntado en una nota que han hecho pública, “el único fin que persigue la querella interpuesta frente al anterior Secretario por esta Comunidad de Regantes es poner en manos de la justicia unos hechos que son indiciariamente constitutivos de delito”.
En este sentido, han señalado que “es obligación de todo componente de una Junta de Gobierno o asistente a una Junta General de cualquier Comunidad de Regantes la de poner en conocimiento de la justicia cualquier hecho que presuntamente sea constitutivo de infracción penal, máxime dado el carácter de corporación de derecho público que legalmente tienen asignadas las Comunidades de Regantes”.
Asimismo, han negado la participación en estos hechos de cualquier miembro de la Junta de Gobierno o de la Junta General. “Es evidente que ni la Junta de Gobierno ni la Junta General han aprobado ilegalidad alguna ni, por supuesto, eran conocedoras de ningún acto ilegal”, han indicado.
También han aclarado que el cargo de miembro de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes de Huertas Mayores “es totalmente gratuito”. Ni el actual Presidente ni el resto de miembros de la junta de gobierno tienen el menor interés personal en el asunto sometido a examen judicial, moviéndoles exclusivamente los intereses generales de la Comunidad de Regantes y la obligación ética y legal anteriormente citada”, han puntualizado.
Por último, han concluido que, al estar el asunto judicializado, “no vamos a realizar declaraciones sobre los hechos denunciados. Debemos respetar las actuaciones y trámites judiciales. Confiamos en que los tribunales esclarecerán los hechos denunciados".
