- Argumentos del Ayuntamiento de Tudela
- Complejidad técnica y ambiental del proyecto
- Impacto sobre el medio ambiente y la población
- Consideraciones legales y urbanísticas
El Ayuntamiento de Tudela ha presentado un extenso y detallado escrito de alegaciones ante la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra contra el proyecto de planta centralizada de digestión anaeróbica de fangos promovido por la empresa pública Nilsa. El consistorio, a través de un informe firmado por el alcalde Alejandro Toquero, exige que el proyecto se someta a una Evaluación Ambiental Ordinaria, en lugar de una simplificada, al considerar que la propuesta excede por su envergadura, complejidad técnica y posibles afecciones ambientales y urbanas los parámetros que permitirían una tramitación abreviada.
Argumentos del Ayuntamiento de Tudela
En el documento, el Ayuntamiento argumenta que el proyecto “está mal encuadrado” y no puede considerarse una simple ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tudela, ya que contempla una nueva instalación para la producción de biogás y biometano que requiere su propia evaluación ambiental. A su juicio, se trata de una actividad diferenciada, con riesgos e impactos añadidos, que además “excede los límites establecidos para evaluación simplificada”.
El Consistorio destaca que la planta trataría el 40% de los fangos generados en Navarra, lo que, según sus cálculos, equivale a una capacidad real superior a 240.000 habitantes equivalentes, por encima de los límites de evaluación simplificada establecidos para instalaciones de entre 10.000 y 150.000. Esta magnitud, junto con la complejidad técnica del sistema –que incluye digestores termófilos, caldera de biomasa, limpieza de biogás y su transformación en biometano para inyección en la red de gas natural– refuerza, según el Ayuntamiento, la necesidad de una evaluación ordinaria.
Complejidad técnica y ambiental del proyecto
El informe técnico remitido a Medio Ambiente detalla que el proyecto ocuparía 95.228,83 m², con al menos un 80% de superficie construida. A ello se suma su proximidad al núcleo urbano –menos de 1.000 metros–, lo que incrementa el potencial impacto sobre la población, y su localización en una zona con alta sensibilidad medioambiental, junto al río Ebro, en un área de flujo preferente con riesgo de inundación para periodos de retorno de 50 y 100 años.
Asimismo, el Ayuntamiento subraya que la actuación es colindante con el espacio protegido ZEC Río Ebro, perteneciente a la Red Natura 2000, por lo que debe extremarse la precaución en cuanto a los posibles riesgos para el agua, la flora y la fauna. La cercanía al río y la inexistencia de una planta de secado solar para los fangos digeridos implicaría, advierte el escrito, un importante tráfico de camiones por las inmediaciones del cauce fluvial, lo que aumentaría el riesgo de contaminación y afección ecológica.
El escrito, además de denunciar la falta de un estudio de impacto ambiental riguroso, alerta sobre los riesgos asociados a la manipulación de gases como el biogás y el biometano, altamente inflamables. En este sentido, el Ayuntamiento advierte del peligro de explosiones, quemaduras, asfixia o intoxicación por gases como el sulfuro de hidrógeno (H₂S), subrayando que la planta estaría situada a escasos 100 metros del río y menos de un kilómetro de la ciudad.
Impacto sobre el medio ambiente y la población
Desde el Consistorio se cuestiona, además, la legalidad urbanística del proyecto. La planta se proyecta sobre parcelas rústicas clasificadas como Suelo No Urbanizable de Alta Productividad Agrícola, donde se prohíbe el uso no agrícola si sobrepasa el 3% de la superficie de la parcela, umbral que se superaría ampliamente. Por ello, el Ayuntamiento sostiene que la planta “no tiene encaje legal ni en el Plan Municipal de Tudela, ni en el POT-5, ni en el Real Decreto 665/2023” sobre el dominio público hidráulico, y que debe buscarse otra ubicación más adecuada.
También se alerta del riesgo de contaminación por nitratos, al pretender aplicar anualmente unas 150.000 toneladas de lodos en tierras de cultivo, lo que, según el escrito, agravaría el estado de las masas de agua subterráneas ya declaradas vulnerables. Este aspecto, junto con la falta de un plan viable para la valorización final de los fangos digeridos, y la ausencia de un gestor autorizado para esa cantidad de residuos, genera, en opinión del Ayuntamiento, una seria incertidumbre ambiental y operativa.
Consideraciones legales y urbanísticas
En cuanto al impacto económico, el Ayuntamiento advierte de un posible perjuicio para el sector agrícola y comercial de la ciudad. El uso de fertilizantes derivados de lodos podría comprometer la percepción de calidad de los productos hortícolas de Tudela y afectar negativamente a su comercialización y a la imagen gastronómica de la ciudad.
El alcalde, Alejandro Toquero, ha calificado la tramitación del proyecto por vía simplificada como “bochornosa” y ha acusado a Nilsa de primar criterios de “pura rentabilidad económica” frente a las garantías medioambientales y de salud pública. “Ubicar esta infraestructura en esa zona nos parece una temeridad”, recoge el escrito, que invoca el principio de precaución ambiental y exige la tramitación del proyecto mediante Evaluación Ambiental Ordinaria, así como una revisión en profundidad de su ubicación, diseño y viabilidad.
