El grupo municipal Contigo Tudela ha criticado la actuación del Ayuntamiento en el procedimiento judicial que ha declarado nulo el despido de la exgerente de la EPEL Tudela-Cultura.
En una rueda de prensa convocada “con urgencia”, su portavoz, Eneko Larrarte, y la concejala Olga Risueño han asegurado que en el juicio se evidenció la ausencia de pruebas que justificaran el cese y han reclamado explicaciones públicas sobre las decisiones adoptadas.
La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 y aún recurrible, considera acreditado que el despido estuvo vinculado a la baja médica de la trabajadora, lo que lo convierte en un factor discriminatorio. El fallo obliga al Consistorio a readmitir a la exgerente, abonar salarios de tramitación y pagar una indemnización de 25.000 euros por daños morales. La cuantía final total está pendiente de cálculo definitivo y el Ayuntamiento ha anunciado recurso.
“No se aportó documentación ni fue nadie a declarar”
Contigo Tudela sostiene que uno de los elementos determinantes del caso es que el Ayuntamiento no defendió en sede judicial, con pruebas y testigos, los argumentos que en su día se utilizaron para justificar la salida de la gerente. Larrarte se preguntó “por qué el Ayuntamiento no testifica a nadie” y “no presenta ninguna documentación”, y enumeró las ausencias que, a su juicio, resultan más llamativas.
En concreto, señaló que no acudieron a declarar el alcalde, la actual responsable política del área, la actual gerente, el personal técnico, colectivos que habían trasladado quejas, ni servicios o departamentos con conocimiento del clima laboral. “No fue nadie”, resumió, y pidió aclarar qué información se trasladó a la defensa jurídica municipal y por qué.
Contigo Tudela asegura que el Ayuntamiento llegó al juicio sin documentación ni testigos que sostuvieran el despido.
Dos gerencias y una “bicefalia” en una plantilla pequeña
Otro de los puntos que subrayó el grupo municipal es la situación organizativa creada tras la nulidad del despido. Larrarte afirmó que, con la readmisión, la EPEL se encuentra con dos gerencias a la vez y habló de una “bicefalia” que consideran negativa para el funcionamiento de la entidad.
Según explicó, esta situación genera además un impacto directo en las cuentas públicas, al tener que afrontar dos sueldos de gerencia mientras se determina cómo se ejecuta la sentencia y qué decisiones adopta el Ayuntamiento. Contigo Tudela alertó de que, en cualquier escenario, volver a una sola gerencia puede implicar nuevos costes, ya sea por indemnizaciones o por nuevas resoluciones laborales.
Críticas a decisiones previas y al contrato “de alta dirección”
Risueño enmarcó la sentencia en una trayectoria que, según indicó, viene de la legislatura anterior. Recordó que su grupo criticó desde el inicio la forma de contratación de la gerente y, especialmente, el uso de un contrato de alta dirección.
En la rueda de prensa citó pasajes del fallo judicial para reforzar su argumento: pese al formato del contrato, las funciones desarrolladas se correspondían con una relación laboral ordinaria, lo que impide que el desistimiento opere como causa válida de extinción y lleva a calificar el cese como despido.
Además, Contigo Tudela puso el foco en la renovación contractual realizada antes del cambio de legislatura y reclamó que se expliquen las razones y los informes que la avalaron. A su juicio, ese tipo de decisiones condicionan la gestión posterior y han contribuido a llegar a una situación con difícil salida.
El contexto laboral y cultural, según Contigo Tudela
En su intervención, Risueño recordó episodios de la etapa anterior en Tudela Cultura, con conflictos internos y con agentes culturales, así como un clima laboral que describió como especialmente duro.
Frente a ello, reconoció que en la actual legislatura se ha recuperado la normalidad y trasladó apoyo al personal técnico y a la actual gerencia, a la vez que insistió en que el caso debe resolverse sin que vuelvan a pagarlo trabajadores y ciudadanía.
Ambos representantes reclamaron claridad sobre los pasos que seguirá el Ayuntamiento mientras la sentencia se recurre y advirtieron de que el caso puede tener consecuencias tanto económicas como en la programación cultural si no se gestiona con criterios jurídicos y de interés general.
