TUDELA

El caso Ramón Lázaro enfrenta a gobierno y oposición en el Ayuntamiento de Tudela

Contigo Tudela pide actuar en la causa y el gobierno rechaza una comisión que considera partidista
Eneko Larrarte y Martín López
photo_camera Eneko Larrarte y Martín López

El denominado caso Ramón Lázaro ha abierto un nuevo frente político en el Ayuntamiento de Tudela.

La formación Contigo Tudela ha comparecido este jueves para solicitar que el Consistorio valore personarse como acusación particular en la investigación judicial abierta contra el empresario ribero y para reclamar la creación de una comisión especial que analice las relaciones mantenidas entre el Ayuntamiento y las empresas o entidades vinculadas a él.

La propuesta fue presentada por los concejales Eneko Larrarte y Alberto Lajusticia, quienes hicieron un llamamiento al conjunto de grupos municipales para actuar de forma unitaria ante un asunto que consideran de interés para la ciudad.

Contigo Tudela reclama una respuesta institucional

Desde la formación consideran que el Ayuntamiento debe adoptar una posición activa ante una investigación que afecta a una figura que ha mantenido distintas relaciones con la ciudad durante los últimos años.

Además de solicitar la personación en el procedimiento judicial, plantean la constitución de una comisión especial que permita analizar los vínculos mantenidos por el Consistorio con Ramón Lázaro y las entidades relacionadas con él.

La iniciativa llega después de conocer la "gravedad del auto judicial" donde se detalla la investigación llevada a acabo por la Policía Nacional contra una presunta organización criminal en la que resultó detenido el empresario ribero junto a otras personas investigadas.

El Ayuntamiento asegura que ya colabora con la investigación

La respuesta del equipo de gobierno no se hizo esperar. El concejal de Deportes, Martín López, recordó que el Ayuntamiento de Tudela lleva más de dos meses colaborando con el Servicio de Inspección Tributaria del Gobierno de Navarra mediante la entrega de información y documentación relacionada con contratos y acuerdos suscritos con empresas vinculadas a Ramón Lázaro.

Según explicó, la postura municipal es similar a la que mantiene actualmente el Gobierno de Navarra respecto a la posible personación en la causa.

"En estos momentos estamos valorando personarnos en la causa como parte interesada", señaló el edil, quien insistió en que el Ayuntamiento actuaría legalmente si apareciera cualquier indicio de perjuicio para las arcas o los intereses municipales.

El Ayuntamiento estudia personarse en la causa, pero rechaza por ahora la comisión propuesta por Contigo Tudela.

Rechazo frontal a la comisión especial

Donde sí existe una negativa clara es en la creación de la comisión planteada por la oposición. El equipo de gobierno considera que la propuesta tiene un carácter eminentemente político y cuestiona el enfoque planteado por Contigo Tudela.

Desde el Ayuntamiento califican la iniciativa como un ejercicio con tintes "inquisitoriales" y aseguran que no participarán en una comisión cuya finalidad, a su juicio, responde más a intereses políticos que a la defensa de los intereses municipales.

El concejal defendió además que el Consistorio continuará trabajando para proteger los intereses de la ciudad y también de las entidades deportivas afectadas indirectamente por la situación generada en torno al empresario.

Una investigación con repercusión en el ámbito deportivo

La polémica tiene además una importante dimensión deportiva. Ramón Lázaro estuvo vinculado durante los últimos años al CD Tudelano, entidad de la que anunció su salida apenas unos días antes de que trascendiera la operación policial.

La investigación desarrollada por la Policía Nacional, con apoyo de Europol e Interpol, se dirige contra una presunta organización a la que se atribuyen delitos relacionados con organización criminal, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones, apropiación indebida, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, entre otros.

Uno de los registros realizados durante la operación tuvo lugar en unas oficinas de Corella vinculadas al empresario ribero, mientras que la investigación continúa abierta bajo supervisión judicial.

El debate político generado en Tudela refleja la repercusión que el caso está teniendo más allá del ámbito judicial. Mientras la oposición reclama medidas extraordinarias de transparencia y control, el equipo de gobierno apuesta por mantener la colaboración con las autoridades y esperar a la evolución de las investigaciones antes de adoptar nuevas decisiones.