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Ribaforada aprueba una moción para instar al Gobierno de Navarra a elaborar un Plan Foral contra la ocupación ilegal de viviendas

La propuesta salió adelante con los votos de los dos concejales del PPN y la abstención de los nueve ediles del PSN

Fachada Ayuntamiento de Ribaforada
photo_camera Fachada del Ayuntamiento de Ribaforada.

El Ayuntamiento de Ribaforada aprobó este miércoles, con los votos a favor del PPN y la abstención del PSN, una moción para instar al Gobierno de Navarra a impulsar las medidas necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas.

La moción, presentada por los populares, reclama que “se elabore un Plan Foral contra la ocupación ilegal de Viviendas” y “habilitar un número de teléfono gratuito, donde se centralicen las reclamaciones sobre viviendas ocupadas y se pueda asesorar a los propietarios, para orientar y realizar las gestiones necesarias para lograr el desalojo de la vivienda ocupada”.

Además, instarán al Ejecutivo foral a potenciar la coordinación y la cooperación institucional, así como la elaboración de un protocolo común de actuación, para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal, en particular, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Foral de Navarra, así como con la Administración de Justicia, para asegurar una pronta actuación.

Por último, la moción también recoge instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de vivienda.

En concreto, reivindican que “se agilice en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la vivienda a los legítimos propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda acreditar la ocupación legal del inmueble por cualquier medio válido en derecho.

Asimismo, piden que “se refuercen las competencias de los ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de ocupación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas”.