- Requerimiento de información al Departamento de Cultura
- Indicios de fraccionamiento indebido
- Contratos al límite del procedimiento simplificado
- Obras fuera de presupuesto y falta de justificación
- Otras posibles irregularidades detectadas
- Responsabilidades políticas señaladas por UPN
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha acordado abrir un procedimiento de investigación tras la denuncia presentada por UPN por un posible fraude de ley en la licitación de cuatro contratos de obras en Sendaviva.
Las actuaciones investigadas se refieren a contratos financiados con una subvención del Gobierno de Navarra y adjudicados a una misma empresa, lo que ha llevado al organismo anticorrupción a apreciar “indicios de veracidad” en la denuncia.
Requerimiento de información al Departamento de Cultura
En el marco de esta investigación, la OANA ha requerido al Departamento de Cultura, Turismo y Deporte que remita, en el plazo de diez días, explicaciones y documentación relativas a la contratación de las obras.
La apertura del procedimiento ha sido anunciada por el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin, tras recibir la resolución oficial del organismo.
“UPN advirtió de que se pudo trocear un solo contrato en cuatro con el fin de burlar la ley foral de contratación pública”, ha explicado.
Indicios de fraccionamiento indebido
Tras analizar la denuncia y las alegaciones remitidas por el gerente de NICDO, administrador único de Parquenasa-Sendaviva, la Oficina Anticorrupción concluye que los contratos investigados “formarían una unidad operativa o funcional”.
Según la resolución, los contratos se tramitaron de forma simultánea o consecutiva y presentan un vínculo operativo que los haría inseparables, lo que constituye un indicio de fraccionamiento indebido.
La OANA añade que no aprecia una razón objetiva que justifique procedimientos simplificados separados para prestaciones que, en conjunto, persiguen una misma finalidad económica.
Los importes de los contratos se situaban justo por debajo del límite legal.
Contratos al límite del procedimiento simplificado
La Ley Foral de Contratos Públicos permite el procedimiento simplificado en obras cuyo valor no supere los 200.000 euros.
En este caso, los cuatro contratos investigados fueron adjudicados por importes de 199.999 euros en dos de ellos y de 199.848,74 euros y 198.866,72 euros en los otros dos.
Obras fuera de presupuesto y falta de justificación
La investigación no se limita al fraccionamiento. La Oficina Anticorrupción ha detectado que se abonaron a la empresa adjudicataria obras fuera de presupuesto por más de 70.000 euros.
En concreto, se citan importes de 16.036,10 euros, 16.791 euros, 16.198,42 euros y 19.874,68 euros, “sin que conste justificación alguna”, ni actas de modificación que respalden dichos trabajos.
El organismo advierte que, de haberse incluido estas actuaciones en el proyecto original, el importe total habría superado los 200.000 euros, lo que habría obligado a recurrir a un procedimiento abierto.
Otras posibles irregularidades detectadas
La OANA también señala que el gerente de Parquenasa valoró, calificó las ofertas y propuso la adjudicación, pese a no ser el órgano competente según la Ley Foral de Contratos, en concreto su artículo 51.
Asimismo, advierte de que no consta en los expedientes el procedimiento seguido para la contratación de la dirección de obra.
Según la resolución, dicha dirección fue facturada por ADENTRO CONSTRUIMOS, la misma empresa que resultó adjudicataria de los cuatro contratos investigados.
Responsabilidades políticas señaladas por UPN
Desde UPN consideran que estos hechos “confirman un nuevo episodio de presuntas irregularidades y posible corrupción en la contratación administrativa”.
La formación foralista sostiene que las responsabilidades podrían afectar tanto a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Rebeca Esnaola, como al gerente de NICDO, Ramón Urdiáin, en su condición de administrador único de Parquenasa.
UPN enmarca esta investigación en un contexto más amplio de actuaciones que, según señala, ya están siendo analizadas tanto en sede parlamentaria como judicial y que implicarían al Gobierno presidido por María Chivite.
