El candidato número dos al Congreso desde la coalición Sumar Navarra, Javier Miranda, ha apostado por “asegurar” el derecho a la igualdad, la inclusión y la vida independiente de las personas con discapacidad para que puedan “desarrollar un proyecto vital propio sin barreras sociales que limiten sus opciones”.
“Vamos a acabar con la institucionalización forzosa de las personas con discapacidad a través de una Estrategia Estatal de Inclusión en la Comunidad y en coherencia con la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización”, ha dicho. “Se proporcionará a las personas con discapacidad que lo necesiten los recursos y apoyos necesarios para que puedan desarrollar una vida libre y autónoma en el seno de la comunidad fomentando la desinstitucionalización. Todo ello, en función de las características, necesidades y preferencias específicas de cada una”.
Además, ha añadido que “se generalizará la prestación de asistencia personal, estableciéndola como la preferencial del sistema. Esta prestación se ofrecerá siempre por las administraciones a las personas a las que se les reconozca la situación de dependencia, garantizando la cualificación profesional del asistente personal y que la dotación económica de la ayuda sea suficiente para cubrir los gastos que origine la atención a la persona con discapacidad”.
En cuanto a accesibilidad, Miranda ha denunciado “el incumplimiento de la ley que marcaba el 2017 como plazo para que todos los entornos, productos y servicios fuesen universalmente accesibles”.
Para contrarrestar esta situación, la coalición Sumar, “exigiremos el cumplimiento efectivo y urgente de ese mandato legal. Para ello contaremos con los fondos de las denominadas cuentas durmientes para financiar las actuaciones en materia de accesibilidad (tal y como hace posible una reciente reforma de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas), de modo similar al que tan buenos resultados ha dado en la recuperación del patrimonio histórico y artístico español”.
El candidato al Congreso ha recordado que “las mujeres y niñas con discapacidad padecen una doble discriminación que aumenta sus probabilidades de sufrir algún tipo de violencia por parte de familiares, parejas o cuidadores, y disminuye su probabilidad de acceso al empleo”. Miranda ha propuesto “desarrollar acciones para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad, erradicar las violencias que sufren y corregir la brecha que sufren en su acceso al empleo”.
Finalmente ha propuesto un plan de inclusión laboral, el impulso de una fiscalidad favorable para personas con discapacidad y las familias en las que se integran y la defensa del derecho al voto”.
