Moratoria confusa: la futura planta de fangos de Tudela, en debate
- Un proyecto que nació para valorizar residuos
- El origen de la controversia
- La moratoria parlamentaria que lo cambió todo
- Dos lecturas de una misma ley
- Una moratoria con efecto limitado
- Economía circular o riesgo ambiental
La planta de fangos de Tudela vuelve al centro del debate público en Navarra. Lo que comenzó como un proyecto de economía circular impulsado por NILSA en 2024 se ha convertido en un asunto técnico, jurídico y político de primera magnitud.
Tras la moratoria aprobada el 30 de octubre en el Parlamento foral, las interpretaciones sobre su alcance han dividido a los principales actores institucionales.
Un proyecto que nació para valorizar residuos
El plan de NILSA prevé modernizar la depuradora de Tudela para tratar los lodos urbanos de media Navarra, producir biometano y generar energía renovable suficiente para autoabastecer las plantas de depuración. Además, el residuo final, conocido como digestato, se emplearía como fertilizante agrícola en el entorno rural, cerrando el ciclo de la economía circular.
Según la documentación oficial, el proyecto cuenta con informes favorables de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro, y su inversión supera los 10 millones de euros. En su fase más avanzada, la planta trataría el 40% de los fangos de depuradora de Navarra, algo que los ecologistas consideran una “macroplanta innecesaria”.
El origen de la controversia
La polémica creció a mediados de octubre, cuando el alcalde Alejandro Toquero denunció que el Gobierno de Navarra pretendía “vender combustible y hacer caja a costa de la seguridad de los tudelanos”. Su principal argumento es la proximidad de la planta al casco urbano —a unos 800 metros— y su ubicación en una zona inundable de la vega del Ebro.
Desde el ámbito ecologista, Ecologistas en Acción de la Ribera también rechaza el proyecto, alertando de las emisiones derivadas del transporte de fangos, el impacto sobre los suelos fértiles y los posibles contaminantes en los residuos aplicados a la agricultura. La organización exige “plantas más pequeñas y cercanas al origen del residuo”.
La moratoria parlamentaria que lo cambió todo
El 30 de octubre, el Parlamento de Navarra aprobó una modificación de la Ley Foral 17/2020 para establecer una moratoria de doce meses sobre nuevos proyectos de biometano. Sin embargo, la propia redacción del texto deja fuera los expedientes que ya contaban con informes sectoriales favorables y exposición pública completada.
Ese matiz técnico es el origen de la disputa: para Olga Chueca, la moratoria “no afecta a la ampliación de la depuradora de Tudela”, porque cumple los requisitos que la excluyen. En cambio, Toquero interpreta que la ciudad “está incluida en la suspensión”, y que el PSN ha cambiado de postura “por obedecer al Gobierno de Navarra”.
Dos lecturas de una misma ley
En el plano técnico, la ampliación de la planta de Tudela no es una instalación de biometano agrícola, sino una infraestructura urbana de tratamiento de aguas residuales. Pero su fase final sí prevé generar gas biometano, lo que la sitúa en una zona gris legal que aún no ha sido interpretada oficialmente.
De ahí que ambos dirigentes puedan defender posiciones distintas: el texto no prohíbe expresamente continuar con obras ya autorizadas, pero tampoco clarifica si el proyecto de NILSA, al producir biogás, entra dentro del alcance de la moratoria.
En resumen, la planta de Tudela no está paralizada, pero tampoco tiene vía libre definitiva.
Una moratoria con efecto limitado
La norma aprobada no suspende los proyectos con autorización ambiental ya concedida o declarados de interés foral, como podría ser el caso de Tudela si así lo decide el Gobierno de Navarra. El Ejecutivo deberá constituir en tres meses una Comisión Técnica Interdepartamental que evaluará todos los proyectos de biometano y emitirá un diagnóstico sobre su impacto.
Hasta que esa comisión se pronuncie, la planta de fangos de Tudela sigue técnicamente en un punto intermedio: ni detenida, ni plenamente aprobada. Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que será el informe de esa comisión el que determine el alcance real de la moratoria en proyectos híbridos como este.
Economía circular o riesgo ambiental
Para el PSN y NILSA, el proyecto simboliza un avance hacia la neutralidad climática y la autonomía energética del sistema de saneamiento de Navarra. Para UPN y los ecologistas, representa un modelo de macroinfraestructura contaminante alejada del principio de proximidad y con potenciales riesgos sanitarios y de seguridad.
Lo cierto es que la falta de una definición clara entre “planta de biometano” y “depuradora ampliada” ha generado un vacío normativo que ahora deberá resolver la propia administración foral.
La verdad, por ahora, es que el proyecto de Tudela depende de una interpretación técnica que el Parlamento aún no ha precisado, y de una decisión futura del Gobierno de Navarra.