El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve Sauras, ha pasado por los micrófonos de Radio Tudela y ha hablado de distintos asuntos de actualidad. Antes de abordar las preguntas que le han formulado los oyentes, el magistrado, que cumple su segundo mandato, ha señalado que el objetivo de aquí a 2024 es que “nos disminuya la carga de trabajo o que nos aumenten los medios, sobre todo, personales para resolverlos”.
El primer tema al que se ha referido ha sido al asesinato de un niño de 9 años en Lardero (La Rioja) que ha conmocionado a la sociedad española después de que se conocieran los detalles del presunto asesino, Francisco Javier Almeida, quien ya había cometido otro asesinato en 1997 y una agresión sexual a una menor en 1993. Sobre este asunto ha manifestado que “el ciudadano tiene derecho a opinar y a criticar las resoluciones judiciales, siempre y cuando se trate de una resolución judicial la que ha motivado la salida de esa persona. Hay que recordar que esta persona estuvo 22 años en la cárcel por la última condena, que data del año 1998 y entonces no existía la prisión permanente revisable. Es decir, son dos cosas que no conviene olvidar. Es una situación muy lamentable y desgraciadamente cuando ocurren estos hechos nos lamentamos de situaciones, que es probable, que se podrían haber evitado. Aunque, como digo, no hay que olvidar en este caso que esta persona estuvo casi 22 años en la cárcel y, al parecer, había disfrutado de bastantes permisos en los que, al parecer también, no había sucedido nada y es lo que dio confianza para que esta persona disfrutara primero del tercer grado y luego de la libertad.
Otro de los asuntos por los que le han preguntado los oyentes es por “la lentitud de la justicia”. Galve ha dicho que este problema se puede solucionar de dos maneras: “una que hubiese menos procedimientos y otra que hubiese más medios, que podrían ser personales o materiales, si bien lo que necesitaríamos serían más jueces, lo que conllevaría reforzar la administración de justicia con letrados o funcionarios”. No obstante, ha apuntado que “en Navarra no es normal que el juicio por una agresión sexual producida en 2018 en Tudela se juzgue tres años más tarde. En este caso, puede que haya habido alguna circunstancia que haya retrasado la celebración del juicio porque puedo decir que ahora mismo tenemos en la Sala de lo Penal otra agresión sexual ocurrida en Orcoyen en noviembre de 2019, más de un año después de los hechos a los que nos estamos refiriendo, y ya tiene sentencia de la Audiencia Provincial y pronto tendrá también de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia”.
Respecto a las discrepancias entre el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Pamplona y la Audiencia Provincial de Navarra en el tema de las cláusulas abusivas de las hipotecas (IRPH y comisión de apertura), Galve ha manifestado que “es un tema jurisdiccional y no podría decantarme por ninguna posición. Es un asunto que terminará resolviendo la Sala Primera del Tribunal Supremo, que es la que al final es la que tiene que sentar jurisprudencia”.
También ha explicado cómo está influyendo en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Nos influye de dos formas muy claras y las dos en la Sala que presido, que cuenta con cinco magistrados en plantilla y en la actualidad estamos funcionando con tres. Una de las vacantes pendientes de cubrir es un nombramiento de los que no puede hacer el Consejo General del Poder Judicial en estos momentos, el del magistrado de designación parlamentaria, que hace el Consejo a propuesta del Parlamento de Navarra. La otra vacante que tenemos es porque uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, un miembro de la comisión permanente, Juan Manuel Fernández, es magistrado de esta Sala de lo Civil y Penal y por tanto está sin cubrir.
En cuanto a la renovación del CGPJ, Galve ha asegurado que le gustaría que “fueran los jueces los que elijan a los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial. Es el sistema con el que yo estoy más de acuerdo, en contra del otro sistema que es que se nombren por el Congreso de los Diputados y el Senado. Lo preferible sería que por lo menos esos doce miembros fueran nombrados por los miembros de la carrera judicial”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha mostrado su extrañeza porque ninguno de los nuevos cargos del Tribunal Constitucional “haya sido anteriormente magistrado del Tribunal Supremo, circunstancia que solía concurrir anteriormente en los nombramientos”, ha asegurado, “sobre todo, de los que procedían de la carrera judicial”, ha añadido.
Por último, se ha referido a las inversiones que tienen pensadas para el futuro. “La idea es crear un edificio, anexo al actual, para poder llevar allí dependencias judiciales, puesto que aquí no cabe ni un órgano ni un despacho más. Para ello, necesitaríamos que hubiese una partida presupuestaria ya para 2022. Pronto veremos si podemos contar con esa partida o de momento nos quedamos como estamos”, ha concluido.
