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Denuncian a la Comunidad de Regantes de Huertas Mayores de Tudela por presunta venta ilegal de agua

Miguel Legarre, presidente de la Comunidad General de Usuarios del Canal de Lodosa.

La Comunidad General del Canal de Lodosa acusa a los regantes de Huertas Mayores de desviar agua a una empresa de Tudela desde 2021, sin autorización de la CHE

La Comunidad General de Usuarios del Canal de Lodosa, que abastece a explotaciones de La Rioja, Navarra y Aragón, ha denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a la Comunidad de Regantes de Huertas Mayores y Campos Unidos de Tudela por una presunta venta irregular de agua de riego a una empresa ubicada en Tudela. Según la denuncia, esta actividad se habría iniciado en octubre de 2021 y tendría un valor estimado de 60.000 euros anuales.

La Comunidad General afirma que, mediante su red de acequias, los regantes tudelanos habrían desviado agua desde el Canal de Lodosa y, en algunos meses, también desde el río Queiles —utilizando como regulador la Laguna de Lor— hasta una balsa junto a la empresa industrial afectada.

"En caso de confirmarse los hechos, estaríamos ante una infracción administrativa, ya que la autorización para desviar agua con fines industriales corresponde exclusivamente a la Comunidad General del Canal de Lodosa, y no a comunidades de regantes individuales. Esa derivación de agua de riego para usos industriales requiere en todo caso la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro”, recuerda la entidad denunciante, que subraya además que esta autorización “únicamente podría ser otorgada a la Comunidad General de Usuarios del Canal de Lodosa, nunca a la Comunidad de Regantes de Huertas Mayores y Campos Unidos de Tudela”.

La entidad también advierte que los hechos podrían tener repercusiones en otros ámbitos, como el penal o el fiscal, y por ello se pondrán en conocimiento de la Hacienda Foral de Navarra. Asimismo, señala que se contactará con la empresa implicadaa fin de conocer con precisión el volumen de agua derivada y el precio pagado por ella”.

En este sentido, la Comunidad General deja claro que “no quiere dañar la imagen de la empresa afectada, ni su proceso productivo, ni por supuesto a sus trabajadores”, y ofrece su colaboración para regularizar la situación “a través de los cauces legales correspondientes”.

No obstante, anuncia que reclamará el reintegro de las cantidades presuntamente percibidas de forma indebida, que estima en 250.000 euros, al considerar que “cualquier rendimiento que pueda generar esa agua pertenece a ésta y al conjunto de sus miembros”. Por último, hace un llamamiento al conjunto de regantes para que hagan un uso lícito, responsable y transparente del agua”, con el fin de preservar “la buena sintonía en el seno de la Comunidad General” y evitar actos que dañan injustamente la imagen del conjunto de los agricultores y regantes”.