Navarra acuerda con el Estado culminar el Canal con su segunda fase
- Compromiso para licitar las obras en 2026
- Financiación compartida entre Navarra y el Estado
- Expropiaciones y gestión del suelo
- Próximos pasos administrativos
La Segunda Fase del Canal de Navarra da un paso decisivo tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Navarra y el Estado para su financiación y ejecución. El texto del convenio ha sido consensuado en el seno de la Comisión de Negociación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Este avance permitirá completar una de las infraestructuras hidráulicas más relevantes de la Comunidad Foral, con el objetivo de reforzar el regadío, el desarrollo rural y el equilibrio territorial.
Compromiso para licitar las obras en 2026
Ambas administraciones han manifestado su voluntad de agilizar los trámites necesarios para que la licitación del contrato se lleve a cabo durante el año 2026.
La ejecución de las obras se realizará a través de la sociedad pública Canal de Navarra, S.A. (CANASA), siguiendo el mismo modelo utilizado en las fases ya construidas.
El proyecto constructivo de esta segunda fase cuenta con un presupuesto de 373,7 millones de euros, IVA incluido, y permitirá culminar una infraestructura estratégica para Navarra.
El Canal de Navarra alcanza un presupuesto global de 850 millones de euros con la Segunda Fase aún pendiente de ejecución.
Financiación compartida entre Navarra y el Estado
El acuerdo mantiene el modelo de financiación aplicado en fases anteriores. Tanto el Estado como Navarra aportarán aproximadamente el 50% del coste de las obras mediante su participación en el capital de CANASA.
En este reparto, la Administración General del Estado asumirá el 60%, mientras que la Comunidad Foral aportará el 40% restante.
Hasta la fecha, ambas administraciones han contribuido con 361,6 millones de euros, quedando pendiente una aportación adicional de más de 63 millones.
Para ello, se prevé una ampliación de capital en 2026, en la que el Estado aportará cerca de 38 millones de euros y Navarra más de 25 millones.
Superficie regable y viabilidad del proyecto
El convenio establece una zona regable potencial de 57.976 hectáreas, aunque la superficie final dependerá de la concesión de aguas y de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.
Además, se contempla la prórroga de la cesión de aprovechamientos hidroeléctricos vinculados al embalse de Itoiz, una medida clave para garantizar la viabilidad financiera del proyecto.
Expropiaciones y gestión del suelo
El Gobierno de Navarra asumirá las funciones de Administración expropiante, encargándose de poner a disposición del Estado los terrenos necesarios para ejecutar las obras.
Por su parte, CANASA actuará como beneficiaria de las expropiaciones, conforme a la legislación vigente en materia de aguas.
En este contexto, ya se han aprobado precios máximos para tramitar más de 1.500 expedientes de expropiación, con un valor estimado superior a 5,8 millones de euros.
Próximos pasos administrativos
Antes de la licitación de las obras, será necesario completar varios trámites administrativos, entre ellos la actualización del convenio de gestión directa entre CANASA y el Estado.
Asimismo, la sociedad deberá formalizar acuerdos con los usuarios para garantizar la aceptación de las tarifas derivadas del estudio económico financiero.
El texto acordado deberá recibir todavía informes preceptivos de la Abogacía del Estado, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Política Territorial, pasos necesarios antes de su aprobación definitiva.
El objetivo compartido por ambas administraciones es reducir al máximo los plazos y facilitar el inicio de unas obras consideradas estratégicas para el futuro de Navarra.