La consejera de Política Social del Gobierno de Navarra, Elena Torres, ha presentado en el Parlamento el anteproyecto de ley foral de renta de inclusión social para "adaptar" el actual sistema de renta básica a la nueva situación creada por la coyuntura económica. Una ley que espera se pueda aprobar a finales de este año.
En comisión parlamentaria, la consejera ha defendido que con esta nueva ley se pretende "un sistema justo, sostenible y adaptado a la actual situación, que atienda a las personas que realmente lo necesitan, además de un sistema fiel al espíritu por el que se creó". Se busca, además, que esta ayuda "conlleve la contraprestación de servicios a la sociedad" y "evitar el fraude".
Torres ha manifestado que cree "firmemente" en esta prestación y en que "hay que ayudar a quienes más lo necesitan". Según ha dicho, la renta básica "tiene que adecuarse al objetivo para el que se creó, atender a personas en exclusión social" pero ha señalado que no se trata sólo de "dar el dinero" sino que se debe "acompañar de actuaciones que favorezcan la inclusión social".
La consejera ha manifestado que la renta "no puede ser permanente" y que "esa solidaridad tiene que ser bidireccional, es decir, que quienes reciben la prestación tienen que hacer esfuerzos por favorecer su inclusión".
A este respecto, ha expuesto Torres que "el escenario ha cambiado como consecuencia de la crisis". "A situaciones nuevas, soluciones nuevas", ha dicho, para señalar que de ahí la nueva legislación que pretende "dar una nueva orientación más adecuada a la realidad social".
Ha dicho que el anteproyecto de ley, que será sometido a exposición pública para intentar aprobarlo a finales de este año, establece dos itinerarios: uno para personas en situación de exclusión social y otro para personas que han perdido su trabajo y se les han terminado las prestaciones por desempleo.
Entre los requisitos nuevos que se recogen en el texto normativo, se exige a las personas que reciban la prestación que residan legalmente en España y vivan de manera continuada en Navarra desde hace al menos 24 meses. Y ha expuesto la consejera que los beneficiarios tendrán también obligaciones, como hacer un trabajo social de voluntariado, de acompañamiento, etc.
Ha precisado Torres, asimismo, que se están gestionando 34 expedientes sancionadores y ha defendido que se "persiga cualquier el uso fraudulento de los servicios sociales", por lo que ha abogado por "potenciar la inspección".
EN DATOS
Torres ha ofrecido datos en torno a la renta básica. Según ha detallado, a fecha 30 de septiembre de este año había en Navarra 7.239 unidades perceptoras, que incluían 16.939 personas beneficiarias, y a esa fecha había un gasto comprometido de 27,5 millones. A 31 de diciembre de este año la previsión es que el gasto sea de 36,5 millones.
Ha indicado que la cuantía de la renta básica está en 641,40 euros, una cifra "similar a la del País Vasco", "las más altas en España". Ha señalado, además, que "en lo que llevamos de año se han registrado 10.968 expedientes, de los 5.345 se han resuelto a favor, 1.082 se han denegado o archivado, 102 están pendientes de recibir documentación y 4.439 están sin valorar".
Ha dado datos de otros años y por ejemplo en 2002 recibían la renta 2.341 unidades y el gasto era de 4,7 millones; en 2009 las unidades ya habían ascendido a 5.600, con un gasto de más de 20 millones, y en 2010 el número de unidades preceptoras fue de 7.449 unidades, con un gasto ese año de 29,5 millones.
Se ha referido a los retrasos que existen actualmente en el pago de la renta básica, de cuatro meses, y ha dicho que para agilizar la gestión de los expedientes se han contratado a dos trabajadores sociales y se incorporan tres personas de otros servicios del departamento. "Reforzamos con 5 personas más la gestión de la prestación para dar salida al tapón existente", ha afirmado.
Torres ha señalado que actualmente entran cada día en torno a 70 expedientes y que en este momento se está consiguiendo "ver tanto como entran".
LOS GRUPOS
El parlamentario de Izquierda-Ezkerra Txema Mauléon ha opinado que con la nueva ley se "plantea una rebaja de las condiciones en el acceso" a la prestación ya que habrá, por ejemplo, inmigrantes que "por no llevar 24 meses en Navarra no podrán acceder a ella". Y se ha felicitado porque cinco personas más trabajen en agilizar los expedientes, aunque ha dicho que no sabe si serán suficientes.
Mauleón ha defendido una "renta básica de supervivencia ya que hay que garantizar a toda persona que vive en Navarra" y se ha preguntado que de no ser así "qué alternativa se da a esas personas".
Por UPN, José Antonio Rapún ha agradecido el anteproyecto de ley, que "plasma concretamente por dónde van las líneas de renta de inclusión social". Se ha congratulado de que se vaya a agilizar el "parón" que había hasta ahora con más personal y "esperemos que antes de finales de año se dé un empujón importante".
La socialista María Victoria Arraiza ha señalado que "la renta de inclusión social no tiene que convertirse en un instrumento que produzca situaciones crónicas" y ha considerado "necesaria" la revisión de la ley. Según ha dicho, con la participación de agentes y grupos políticos se convertirá "en una ley realmente útil para conseguir la mayor inclusión social en Navarra".
Desde NaBai, Xabi Lasa ha expuesto que "el sistema de renta básica tiene que tender a ser eliminado, no es más que el reflejo de que algo funciona mal en la sociedad". No se ha mostrado de acuerdo con exigir un mínimo de residencia o permiso de residencia "¿por qué si no los tienen que hacemos?".
Y Bikendi Barea, de Bildu, también ha considerado "negativo" el requisito de la residencia, es una "forma restrictiva que va en contra del espíritu de la renta básica", para considerar además "perjudicial" que la renta se tenga que renovar cada seis meses.
La parlamentaria del PPN Ana Beltrán, por su parte, ha preguntado a la consejera si en 2011 el presupuesto de la renta básica fue de 27 millones y se van a ejecutar 36 ¿cómo es posible que para 2012 presupuesten 28? y se ha interesado, además, por si es correcto que el Gobierno de Navarra le debe a Cáritas 580.000 euros.
En comisión parlamentaria, la consejera ha defendido que con esta nueva ley se pretende "un sistema justo, sostenible y adaptado a la actual situación, que atienda a las personas que realmente lo necesitan, además de un sistema fiel al espíritu por el que se creó". Se busca, además, que esta ayuda "conlleve la contraprestación de servicios a la sociedad" y "evitar el fraude".
Torres ha manifestado que cree "firmemente" en esta prestación y en que "hay que ayudar a quienes más lo necesitan". Según ha dicho, la renta básica "tiene que adecuarse al objetivo para el que se creó, atender a personas en exclusión social" pero ha señalado que no se trata sólo de "dar el dinero" sino que se debe "acompañar de actuaciones que favorezcan la inclusión social".
La consejera ha manifestado que la renta "no puede ser permanente" y que "esa solidaridad tiene que ser bidireccional, es decir, que quienes reciben la prestación tienen que hacer esfuerzos por favorecer su inclusión".
A este respecto, ha expuesto Torres que "el escenario ha cambiado como consecuencia de la crisis". "A situaciones nuevas, soluciones nuevas", ha dicho, para señalar que de ahí la nueva legislación que pretende "dar una nueva orientación más adecuada a la realidad social".
Ha dicho que el anteproyecto de ley, que será sometido a exposición pública para intentar aprobarlo a finales de este año, establece dos itinerarios: uno para personas en situación de exclusión social y otro para personas que han perdido su trabajo y se les han terminado las prestaciones por desempleo.
Entre los requisitos nuevos que se recogen en el texto normativo, se exige a las personas que reciban la prestación que residan legalmente en España y vivan de manera continuada en Navarra desde hace al menos 24 meses. Y ha expuesto la consejera que los beneficiarios tendrán también obligaciones, como hacer un trabajo social de voluntariado, de acompañamiento, etc.
Ha precisado Torres, asimismo, que se están gestionando 34 expedientes sancionadores y ha defendido que se "persiga cualquier el uso fraudulento de los servicios sociales", por lo que ha abogado por "potenciar la inspección".
EN DATOS
Torres ha ofrecido datos en torno a la renta básica. Según ha detallado, a fecha 30 de septiembre de este año había en Navarra 7.239 unidades perceptoras, que incluían 16.939 personas beneficiarias, y a esa fecha había un gasto comprometido de 27,5 millones. A 31 de diciembre de este año la previsión es que el gasto sea de 36,5 millones.
Ha indicado que la cuantía de la renta básica está en 641,40 euros, una cifra "similar a la del País Vasco", "las más altas en España". Ha señalado, además, que "en lo que llevamos de año se han registrado 10.968 expedientes, de los 5.345 se han resuelto a favor, 1.082 se han denegado o archivado, 102 están pendientes de recibir documentación y 4.439 están sin valorar".
Ha dado datos de otros años y por ejemplo en 2002 recibían la renta 2.341 unidades y el gasto era de 4,7 millones; en 2009 las unidades ya habían ascendido a 5.600, con un gasto de más de 20 millones, y en 2010 el número de unidades preceptoras fue de 7.449 unidades, con un gasto ese año de 29,5 millones.
Se ha referido a los retrasos que existen actualmente en el pago de la renta básica, de cuatro meses, y ha dicho que para agilizar la gestión de los expedientes se han contratado a dos trabajadores sociales y se incorporan tres personas de otros servicios del departamento. "Reforzamos con 5 personas más la gestión de la prestación para dar salida al tapón existente", ha afirmado.
Torres ha señalado que actualmente entran cada día en torno a 70 expedientes y que en este momento se está consiguiendo "ver tanto como entran".
LOS GRUPOS
El parlamentario de Izquierda-Ezkerra Txema Mauléon ha opinado que con la nueva ley se "plantea una rebaja de las condiciones en el acceso" a la prestación ya que habrá, por ejemplo, inmigrantes que "por no llevar 24 meses en Navarra no podrán acceder a ella". Y se ha felicitado porque cinco personas más trabajen en agilizar los expedientes, aunque ha dicho que no sabe si serán suficientes.
Mauleón ha defendido una "renta básica de supervivencia ya que hay que garantizar a toda persona que vive en Navarra" y se ha preguntado que de no ser así "qué alternativa se da a esas personas".
Por UPN, José Antonio Rapún ha agradecido el anteproyecto de ley, que "plasma concretamente por dónde van las líneas de renta de inclusión social". Se ha congratulado de que se vaya a agilizar el "parón" que había hasta ahora con más personal y "esperemos que antes de finales de año se dé un empujón importante".
La socialista María Victoria Arraiza ha señalado que "la renta de inclusión social no tiene que convertirse en un instrumento que produzca situaciones crónicas" y ha considerado "necesaria" la revisión de la ley. Según ha dicho, con la participación de agentes y grupos políticos se convertirá "en una ley realmente útil para conseguir la mayor inclusión social en Navarra".
Desde NaBai, Xabi Lasa ha expuesto que "el sistema de renta básica tiene que tender a ser eliminado, no es más que el reflejo de que algo funciona mal en la sociedad". No se ha mostrado de acuerdo con exigir un mínimo de residencia o permiso de residencia "¿por qué si no los tienen que hacemos?".
Y Bikendi Barea, de Bildu, también ha considerado "negativo" el requisito de la residencia, es una "forma restrictiva que va en contra del espíritu de la renta básica", para considerar además "perjudicial" que la renta se tenga que renovar cada seis meses.
La parlamentaria del PPN Ana Beltrán, por su parte, ha preguntado a la consejera si en 2011 el presupuesto de la renta básica fue de 27 millones y se van a ejecutar 36 ¿cómo es posible que para 2012 presupuesten 28? y se ha interesado, además, por si es correcto que el Gobierno de Navarra le debe a Cáritas 580.000 euros.
